Bibliotecas presidenciales

Patricio Navia nos trae el tema de la Memoria que debemos cuidar en politica, como podemos cuidar nuestra historia. Bibliotecas presidenciales que nos muestren los discursos, las promesas y lo ocurrido, no solo para investigadores, sino que para que aprendamos de nuestros errores y de nuestros aciertos.Mas que Recomendable leer el articulo.
Columna publicada en la revista Capital.


Bibliotecas presidenciales
Patricio Navia
Revista Capital #152, marzo 24, 2005

En la medida que se consolida y profundiza, nuestra democracia también
requiere niveles crecientes de transparencia y apropiada documentación
para garantizar mejor calidad, mejores mecanismos de control y mayor
capacidad para aprender de errores del pasado y corregir falencias
anteriores. Un mecanismo útil para contribuir a esos objetivos es la
creación de bibliotecas presidenciales donde se almacene toda la
información relevante a cada administración presidencial que tenga el
país.

Las llamadas presidential libraries de Estados Unidos almacenan todos
los registros históricos de cada presidencia. En existencia desde
1940, cuando el presidente F. D. Roosevelt inauguró una biblioteca,
construida con fondos privados en el estado de Nueva York, cuyo
objetivo era almacenar todos los documentos producidos durante su
gobierno. La iniciativa entusiasmó del tal forma que su sucesor, Harry
S. Truman, construyó su propia biblioteca con fondos privados al dejar
la Casa Blanca en 1953. En 1955, el congreso estadounidense aprobó la
ley de bibliotecas presidenciales, estableciendo que éstas serían
construidas con fondos privados y mantenidas con fondos públicos. Una
nueva ley en 1978 hizo obligatorio que todos los documentos producidos
por la presidencia fueran eventualmente de acceso público, pudiendo
ser depositados en las bibliotecas presidenciales de cada
administración. Salvo Richard Nixon, los últimos 11 presidentes
estadounidenses (los demócratas Roosevelt, Truman, Kennedy, Johnson,
Carter y Clinton, y los republicanos Hoover, Eisenhower, Reagan y G.
H. Bush) tienen sus bibliotecas presidenciales. Después de haber sido
construidas con fondos privados, estas pasan a estar bajo el control
de la Administración de Archivos y Registros Nacionales (NARA), un
organismo del gobierno federal. Por cierto, la NARA
(http://www.archives.gov/presidential_libraries/) también administra
todos los archivos públicos del gobierno de Richard Nixon, aunque hay
también una fundación encargada de la biblioteca privada del
renunciado ex presidente.

En Chile, nuestra reconocida tradición legalista lamentablemente no ha
sido acompañada por una igualmente encomiable tradición de mantener en
lugares accesibles todos los documentos públicos que pudieran ser
relevantes para historiadores e investigadores. Si bien en el país
existen fuentes de almacenamiento de documentos oficiales, el acceso a
las mismas es a menudo difícil y engorroso. Muchos de los encargados
de administrar archivos sienten que su tarea es obstaculizar, más que
facilitar y promover, el acceso a los documentos. Peor aún, una buena
parte de los documentos producidos durante las administraciones
presidenciales pasadas son lisa y llanamente destruidos cuando se
termina el gobierno.

Es cierto que gracias a Internet, el acceso a la información de
gobierno se ha facilitado. Pero todavía constituiría una tarea
dantesca intentar acceder a todas las cartas que recibió Patricio
Aylwin durante los 4 años que estuvo en la presidencia. Quien quiera
averiguar la cantidad de días que algún presidente ha estado fuera del
país, o la cantidad de veces que cada presidente ha visitado una
comuna específica de Chile simplemente no podrá hacerlo a través de
una accesible búsqueda en documentos oficiales. Para qué hablar de
otros documentos que pudieran haber tenido influencia en decidir
ciertas políticas públicas o iniciativas de gasto presupuestario. La
falta de transparencia que resulta del ineficiente sistema de acceso a
documentos oficiales y registros de los gobiernos anteriores debilita
los mecanismos de control que eventualmente debe ejercer la sociedad
civil sobre las autoridades. Ya que a menudo resulta difícil acceder a
documentos oficiales para comparar el desempeño de diferentes
administraciones, la opinión pública no posee suficientes elementos
para evaluar adecuadamente a sus gobiernos.

La combinación de recursos públicos y privados que ha ensayado
exitosamente Estados Unidos representa un buen modelo a seguir para
diseñar un mecanismo que nos permita preservar todos los documentos
producidos durante las administraciones recientes del país. Mejor aún,
si logramos reproducir el interés de las bibliotecas presidenciales de
Estados Unidos por promover y difundir estos documentos para el uso de
investigadores y del público en general, habremos subido un peldaño
más en este esfuerzo por convertirnos en una democracia consolidada,
respetada y admirada por su transparencia, seriedad y valoración de su
propia historia.