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Argentina: Corte Suprema declara inconstitucionales leyes de perdón a ex militares
La Nación, Martes 14 de Junio de 2005
En una resolución que tendrá amplia repercusiones en el mundo de los derechos humanos, el máximo tribunal argentino calificó como inconstitucional las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que favorecen a los ex militares que participaron en la dictadura trasandina.
La Corte Suprema argentina declaró hoy que son inconstitucionales dos leyes sancionadas en la década de 1980 que beneficiaron a militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983.
Por siete votos a favor, uno en contra y una abstención, los miembros de la Corte resolvieron la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que en 1986 interrumpieron los procesos judiciales contra militares acusados de desapariciones, torturas y otros crÃmenes de lesa humanidad, confirmó un portavoz del máximo tribunal.
Esto implica que unos 3.000 militares, de los cuales alrededor del 10% permanece en actividad, podrÃan ser citados por la justicia y quedar eventualmente detenidos.
Horas antes de conocerse el veredicto, el ministro de Defensa José Pampuro reconoció que existe cierta inquietud en las filas militares ante la posible reactivación de causas contra ex represores.
“A tÃtulo personal, algunos hombres que pueden estar involucrados en alguna situación manifiestan preocupación”, dijo Pampuro a una canal de televisión y aclaró que la sensación no afecta a todas las Fuerzas Armadas.
Aunque el fallo sólo afecta a Julio Simón, un ex policÃa acusado de la desaparición forzada de José Poblete y Gertrudis Hlaczik y la apropiación de su pequeña hija, Claudia Poblete, sienta un precedente: las causas que en el futuro lleguen al máximo tribunal serán resueltas en consonancia con este veredicto.
En 1985 un tribunal enjuició y condenó a los jerarcas de la “guerra sucia” en la que, según grupos de derechos humanos, desaparecieron 30.000 personas.
Pero en 1986 y 1987, violentos levantamientos militares torcieron el brazo del entonces presidente Raúl AlfonsÃn, que se vio obligado a impulsar la sanción de ambas normas.
La ley de Punto Final terminó con los procesos abiertos contra ex represores, en tanto la de Obediencia Debida exculpó a los cuadros menores de las Fuerzas Armadas que se habÃan visto obligados a cumplir órdenes.
Finalmente en 1990, el entonces presidente Carlos Menem indultó a ex militares y lÃderes guerrilleros en pos de una “reconciliación nacional”.
En marzo de 2001, el juez federal Gabriel Cavallo declaró por primera vez la inconstitucionalidad de las leyes en al caso Poblete. Cinco meses después, la Cámara Federal falló a su favor.
Pero el primer golpe de gracias a ambas normas llegó en agosto de 2003, cuando las cámaras del Congreso, declararon la nulidad de las dos leyes. Pese a la anulación, las normas permanecieron vigentes hasta el martes, cuando quedaron sin efecto por el fallo de la Corte.
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